El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, manifestó el rechazo del Ministerio Público al proyecto de ley del congresista de derecha extrema Jorge Montoya que plantea reorganizar ese organismo autónomo con el fin de reeditar similar acción en los años 90 del siglo pasado, cuando fue sometido al gobierno de Alberto Fujimori.
Montoya es aliado del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), con el cual comparte el intento de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante un polémico proceso en marcha y que cuenta con el apoyo de la mayoría congresal conservadora.
Villena calificó el proyecto de Montoya de inconstitucional y arbitrario y dijo que su objetivo es frustrar las investigaciones a expresidentes y otros exaltos funcionarios investigados o juzgados, como la líder de FP, Keiko Fujimori, para quien la fiscalía pide 30 años de cárcel por presunto lavado de activos y otros cargos.
El fiscal de la Nación, dijo, “claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90” del siglo pasado, cuando el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori intervino el sistema de justicia.
Recordó que la intervención decretada por el padre de Keiko Fujimori determinó la destitución de muchos fiscales, “con las consecuencias que todos conocemos”, en referencia a que los reemplazantes fueron destituidos, procesados y en un caso con condena de prisión.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, ratificó su rechazo al proceso de defenestración parlamentaria de los siete miembros de ese organismo que nombra y destituye a jueces y fiscales
La JNJ designa a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la mayoría congresal no oculta su afán de destituirlos por no considerarlos confiables
Vásquez señaló que la destitución de la JNJ, aprobada inicialmente por un grupo de trabajo legislativo, evidencia el afán de un sector del Congreso, de controlar las instituciones autónomas.
Advirtió que, de lograr ese objetivo, el Legislativo no solo habrá transgredido la constitución, sino que será el que más pierda, pues a su carencia de legitimidad política evidenciada en su muy alta desaprobación en las encuestas, sumará su ilegitimidad constitucional, por avasallar a un órgano autónomo.
Eso podría equipararse a un quiebre del orden constitucional, advirtió, a tiempo de señalar que la destitución de la JNJ tendría como consecuencia su paralización.
El magistrado explicó que los suplentes, por diversos factores, no podrían o no aceptarían el cargo, que exige dedicación exclusiva para un mandato que vencerá en agosto próximo, y no dejarían sus ocupaciones actuales para integrar la JNJ por tan poco tiempo.
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