Según la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores, esta es la decimonovena decisión a su favor en investigaciones relacionadas con la desactivada operación Lava Jato y el único proceso abierto guarda vínculo con la supuesta irregular compra de aviones cazas suecos.
La acusación sobreseída ahora tiene que ver con un presunto tráfico de influencias en 2011 para favorecer a la contratista OAS, basada en la denuncia del expresidente de la empresa Léo Pinheiro.
Ayuob atendió una petición del equipo jurídico del exdirigente obrero que argumentó que ninguna persona escuchada por la Policía Federal confirmó la versión presentada por Pinheiro y el propio ejecutivo negó cualquier pago de ventajas indebidas al exgobernante en un nuevo testimonio.
En la decisión, la magistrada reconoce que no hay elementos para continuar la investigación y los delitos atribuidos a Lula prescribieron debido a su edad (75 años).
‘Declaro extinguida la punibilidad del investigado Luiz Inácio Lula da Silva’ y ‘determino el archivo de la causa’, escribió la jueza.
En un comunicado, la defensa del exlíder sindical manifestó esperar que el caso sea debidamente analizado por el sistema de justicia, la academia y la sociedad civil para evitar la práctica del lawfare (guerra jurídica) contra cualquier persona o empresa en nuestro país. Lo anterior, recalcó, ‘en vista de los efectos nocivos resultantes de su práctica, que pueden poner en riesgo la propia democracia’.
El 7 de septiembre también se archivó una causa contra Lula sobre posible entrega de recursos del Banco Nacional de Desarrollo Social para obras en Angola.
La justicia del Distrito Federal (DF) puso fin a acciones e investigaciones penales ante la ausencia de cualquier acto de culpabilidad y la presentación de pruebas de la inocencia del exmandatario.
Remarcó la declaración de la nulidad de cuatro procesos, contaminados por la sospecha de parcialidad del exjuez Sérgio Moro y la incompetencia del décimo tercer Tribunal Federal de la sureña ciudad de Curitiba.
En el fallo judicial se tuvo en cuenta la información presentada por exejecutivos de la empresa constructora Odebrecht.
La determinación la adoptó el juez Frederico Botelho de Barros Viana, del décimo Tribunal Penal de la Justicia Federal en el DF.
El expresidente recuperó en marzo sus derechos políticos después que un juez del Supremo Tribunal Federal anulara todas sus condenas y le posibilitara presentarse en la carrera por el poder en 2022.
ga/ocs
