Después de un pedido del ministro Alexandre de Moraes de más tiempo para analizar el proceso, el STF aplazó el pleito.
Ante la petición de De Moraes, el magistrado Kassio Nunes Marques votó a favor del criterio transitorio que respalda el presidente Jair Bolsonaro y los representantes del agronegocio.
La corte superior debate si resulta válido el marco temporal, según el cual, solo deben reconocerse como territorios nativos los ocupados por sus pueblos cuando se promulgó la Constitución federal de 1988.
El STF analiza en concreto una demanda de recuperación de tierras presentada por el gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo xokleng.
Tal petición se refiere a los terrenos aborígenes Ibirama-Laklãno, donde viven los pueblos guaraní y kaingang.
Nunes Marques consideró este miércoles que el Supremo ya viene reconociendo este hito y el entendimiento pondera valores constitucionales relevantes.
Por un lado, precisó, ‘la protección y el fomento de la cultura indígena; por otro, la seguridad jurídica del desarrollo regional, el derecho a la propiedad privada y el derecho al sustento de los demás miembros de la sociedad brasileña’.
Insistió que en el caso que se juzga no demostró la ocupación tradicional indígena de la zona reclamada.
Anteriormente, el 9 de septiembre, el ministro Edson Fachin se pronunció en contra del plazo para la demarcación de los territorios nativos.
Explicó que la posesión aborigen no equivale a la civil y no debe ser investigada bajo esa perspectiva, sino con base en la Constitución que garantiza el derecho originario a la tierra.
Los demás ministros aún no han presentado sus votos.
En las primeras sesiones del juicio fueron escuchadas más de 30 entidades interesadas en el caso, además del procurador y fiscal de la República.
La decisión de los ministros del Supremo es esperada por miles de indígenas de varias regiones que permanecen desde el 22 de agosto en el centro de Brasilia, en el campamento Lucha por la Vida, a unos dos kilómetros del Congreso Nacional.
Actualmente, hay más de 300 procesos de demarcación de tierras abiertos en el país.
Los nativos están en contra del reconocimiento del marco temporal, pues, según Rafael Modesto dos Santos, representante de la etnia xokleng implicada en el litigio, ‘existe un escenario de inseguridad jurídica y violencia contra los indígenas’ y la iniciativa ‘legalizaría actos ilegales cometidos antes de 1988’.
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