El acuerdo contó con los votos favorables de la bancada del opositor Frente Amplio y del diputado en solitario del oficialista partido Cabildo Abierto, Eduardo Lust.
El interpelante frenteamplista encargado, Gerardo Núñez, explicó que si bien el país necesita infraestructura, materiales e inversión para promover la defensa nacional, en este caso se hizo ‘una mala compra’. Abundó en que mover esas naves implicó unos nueve mil dólares por hora de costos operativos, en medio de un conjunto de recortes, tanto sociales incluidos el salario del personal militar.
Núñez calificó de falacia oficialista que se analizaron cuatro ofertas de ventas de aviones, porque en su momento embajador en España y ahora canciller Francisco Bustillo, cerró el negocio con una carta, en junio del año pasado.
Un estudio solicitado al Tribunal de Cuentas de la República confirmó que la compra de esos aviones se realizó por el gobierno pese a advertencias contrarias de los departamentos jurídicos de la Fuerza Aérea y del ministerio por la falta de garantía del vendedor Estado español.
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