En conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público (MP), los participantes expusieron que Porras ‘sigue demostrando que es servil a la alianza criminal por obstruir la justicia y manipular casos, así como colocar fiscales para favorecer al llamado aquí Pacto de Corruptos a nivel del Gobierno y el Congreso’.
‘Es evidente que el MP está siendo usado para criminalizar a la oposición política, a los defensores de derechos humanos y a fiscales que cumplieron su función y lucharon frontalmente contra la corrupción como Juan Francisco Sandoval’, expresaron en un comunicado los colectivos firmantes.
En su opinión, la reciente inclusión de Porras en la lista de corruptos elaborada por Estados Unidos junto a su secretario Ángel Pineda, demuestra sus legítimas exigencias de renuncia para recuperar el estado de legalidad y poner fin a su alianza a los sectores pro impunidad.
‘Guatemala necesita urgentemente un sistema de justicia objetivo e independiente, la lucha por la transparencia y contra la impunidad debe continuar’, exhortaron a la ciudadanía en un nuevo llamado a otro sábado de resistencia en la capitalina Plaza de la Constitución, y desde las redes sociales con la etiqueta #UncentavoDeVergüenza.
Precisamente ese fue el ‘regalo’ que le dejaron a la jefa del MP a la entrada de su institución como símbolo de sus demandas.
‘Si Consuelo Porras tuviera un centavo de dignidad ya se hubiera ido, aquí le vamos a dejar unos cuantos centavitos’, convocó el diputado independiente Aldo Dávila a los presentes’.
Otros oradores advirtieron que la cara del MP ‘es lo peor que le ha podido pasar a la institución en las últimas décadas’ y que ‘no hay camino a la justicia mientras esta señora continúe’ o ‘su idoneidad está en juicio público, todos los señalamientos son comprobables’, entre ellos, un supuesto plagio de su tesis doctoral.
Este miércoles, el diario La Hora detalló que por este caso la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó un informe circunstanciado sobre la denuncia presentada por el abogado Marco Vinicio Mejía en contra de Porras.
Además, se estableció un plazo para que luego de ser notificada, remita el expediente en no más de cinco días, un tiempo válido también para el rector de la Universidad Mariano Gálvez.
De acuerdo con Mejía, la Fiscal General ‘faltó a la verdad en su declaración jurada ante la Comisión de Postulación que la propuso y en ella se debía asegurar que tuviera un perfil ético y honorable comprobados’.
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