¿Es esto lo que quiere el Gobierno?, preguntó Abu Ras durante una entrevista con el diario The Jerusalém Post.
Destacó que la compra de armas de fuego se disparó en esta nación levantina en los últimos meses porque es tan fácil como comprar una comida en McDonald’s.
La policía es capaz de hacer su trabajo, pero todo depende de una decisión política del Ejecutivo, encabezado por el primer ministro Naftalí Bennett, aseguró Abu Ras, experto en las relaciones entre árabe y judías.
Recordó que más de 90 miembros de esa comunidad fueron asesinados en lo que va de año en Israel, 16 de ellos solo en septiembre.
Para el activista las causas de la violencia que azotan a ese sector poblacional están relacionadas con las disputas por la tierra, la grave crisis de vivienda, la falta de educación, de empleo y la incapacidad del Estado para brindar diversos servicios a sus ciudadanos.
Tenemos una generación de jóvenes de entre 18 y 23 años que no estudian ni trabajan de forma regular, subrayó.
Por lo tanto, apuntó, es fácil para ellos involucrarse con bandas criminales, que reclutan a esos muchachos a cambio de dinero.
‘Los árabes han sido marginados durante mucho tiempo y se les han negado servicios elementales, incluidos los financieros’, manifestó.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda.
En la actualidad suman 1,9 millones de personas que suponen casi un 21 por ciento del total de la población de este país.
Esa situación provocó un estallido social en mayo último en las ciudades mixtas o pobladas mayoritariamente por personas de origen palestino, en medio de una ofensiva militar de las fuerzas de Tel Aviv contra la franja de Gaza y la represión en Jerusalén oriental.
Además de denunciar la agresión a sus hermanos palestinos, los manifestantes reclamaron igualdad de derechos y el fin de la discriminación legal, económica e institucional.
Localidades como Lod, Acre, Ramle y Jaffa fueron escenarios de violentos disturbios, calificados por el entonces presidente israelí, Reuven Rivlin, como ‘una guerra civil’.
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