Ya la causación fue aprobada el 23 de enero por la Cámara de diputados, por 74 votos a favor y 71 en contra, lo que conllevo a la suspensión temporal de Guevara en su cargo, hasta tanto se pronuncie el Senado, que actúa como jurado en este juicio.
El intendente es acusado por varios partidos de oposición de vulnerar el derecho constitucional de reunirse sin autorización, debido a la estrategia que implementó en la plaza de la Dignidad (Baquedano), con el despliegue de un gran contingente policial para impedir allí cualquier tipo de concentración.
Esa práctica, aplicada a finales de diciembre último, tuvo por resultado un recrudecimiento de la represión contra los manifestantes pacíficos, que aún así continuaron acudiendo a la emblemática plaza, centro de las protestas populares en esta capital en contra del gobierno desde el 18 de octubre de 2019.
La víspera el senado escuchó los argumentos acusatorios expuestos por la comisión de diputados, integrada por Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social, Diego Ibáñez del partido Convergencia Social) y el socialista Jaime Naranjo.
Luego correspondió el turno a la defensa de Guevara, que centró su alegato en que el intendente solo cumplió con su deber para mantener el orden público, pero obvió lo relativo a los argumentos relacionados con la violación del derecho constitucional de los ciudadanos.
Este martes, en una sesión especial desde las 10:00 hora local, cada senador deberá exponer sus argumentos a favor o en contra de la acusación y finalmente se realizará votación, y en caso de aprobarse, Guevara será destituido de su cargo e inhabilitado por cinco años para ocupar puestos públicos.
Sin embargo, el resultado estará en vilo hasta último momento pues para que prospere la acusación necesita un mínimo de 24 votos, y todo depende de que acudan a la sesión todos los senadores, pero al menos tres anunciaron que no estarán presentes por diferentes motivos.
Los promotores de la acusación han advertido de la alta responsabilidad que atañe al Senado para enviar un fuerte mensaje en favor del respeto a los derechos de la ciudadanía y en contra de la represión de las fuerzas policiales y de las políticas del gobierno que encaminadas a criminalizar al movimiento social.
Desde que comenzó el vasto movimiento de protestas populares, esta es la tercera acusación constitucional presentada contra un alto funcionario gubernamental. La primera fue contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la segunda contra el propio presidente Sebastián Piñera.
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