La primea vuelta de los comicios locales, la segunda será el domingo próximo, transcurre en un escenario inusual, marcado por el estado de epidemia nacional ante el avance de un virus que en apenas tres días duplicó los contagios, hasta llegar a cuatro mil 500, con 91 decesos y 300 personas graves, ingresadas en reanimación.
Pese a los reclamos de algunos médicos y políticos de posponer las municipales, el gobierno aseguró que la decisión de mantenerlos, anunciada por el presidente Emmanuel Macron en su discurso del jueves a la nación, fue colegiada con el Consejo Científico y los diversos partidos.
Ayer el primer ministro Edouard Philippe informó el cierre de todos los comercios y servicios no esenciales para la vida del país y llamó a los franceses a abstenerse de salir a las calles, a menos que sea para trabajar (cuando no puedan hacerlo desde casa) y a votar, en aras de frenar la propagación del COVID-19.
Por su parte, el ministro del Interior, Christopher Castaner, aseguró que este domingo se aplicarán medidas especiales de seguridad y protección para propiciar el contacto mínimo entre las personas durante las votaciones.
Castaner instó en particular a proteger a los sectores más vulnerables, como los mayores de 70 años.
Las encuestas de los últimos días sugieren un abstencionismo sin precedentes, que pudiera llegar a un 42 por ciento del padrón, según el sondeo del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) divulgado el viernes, mientras que el de Elabe, publicado ayer, señaló un 37.
En condiciones normales, las elecciones municipales representarían un termómetro de la popularidad gubernamental y de cara a las presidenciales de 2022, después de que en las europeas de mayo pasado la extrema derecha de Marine Le Pen superara en el voto popular a la oficialista La República en Marcha, los ecologistas sumaran adeptos y la derecha y la izquierda tocaran fondo.
La cita en las urnas tiene lugar en un panorama de tensiones sociales, atizadas con la reforma de la jubilación emprendida por el Gobierno, y más aún por la decisión de recurrir a un recurso constitucional para adoptar el sistema universal de pensiones por puntos sin necesidad de voto parlamentario.
Pero el malestar no es solo de los sindicatos y las fuerzas políticas de izquierda opuestos a una reforma que consideran devastadora para el bolsillo de los retirados y favorable para los intereses financieros, representados por bancos, aseguradoras y fondos; mientras el Ejecutivo insiste en que es más justa que el actual sistema de 42 regímenes de pensiones.
También los profesionales de la salud están movilizados en reclamo de acciones gubernamentales en defensa del alicaído hospital público y los agricultores protestan, porque se sienten abrumados por acuerdos de libre comercio, la prohibición de uso del glifosato, las restricciones para el empleo de pesticidas en zonas urbanas, los ataques de activistas y la pérdida de condiciones para el trabajo en el campo.
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