Una de las expresiones más repudiadas desde el gobierno y sectores sociales y de oposición son las de discriminación hacia el personal de salud a pesar de ser el que se encuentra en la primera línea del enfrentamiento a la pandemia.
Este personal, que muchas veces labora en condiciones difíciles incluso por la falta de insumos para su seguridad, ha recibido aplausos y reconocimientos de miles de personas que se mantienen recluidas en sus casas.
Pero en contraste, no han faltado denuncias de médicos y enfermeras que fueron rechazados en ascensores, medios de transporte e incluso por los propios vecinos en los edificios donde residen, porque le sacan en cara ser una posible fuente de contagio.
Pero las acciones de rechazo parecen ir escalando y muestra de ello ocurrió la víspera, cuando en la ciudad de Vallenar, en la norteña región de Atacama, una turba apedreó e intentó incendiar la vivienda de una familia que fue diagnosticada con la Covid-19, lo que requirió la intervención urgente de fuerzas policiales.
La situación también cobra tintes de xenofobia, como el caso reportado por varias televisoras de un ciudadano haitiano, detenido mientras hacía cola en una oficina para acceder al fondo de cesantía, por supuestamente estar contagiado de Covid-19.
Sin motivo alguno, un guardia de seguridad del edificio golpeó al hombre mientras era conducido sin resistencia por un carabinero. Posteriormente se comprobó que el ciudadano había sido dado de alta días antes.
En tanto, la fiscalía de Valparaíso investiga la aparición de panfletos anónimos aparecidos en un supermercado de esa ciudad en los que se acusa a los ciudadanos chinos de ser responsables de la pandemia y se les exige que se vayan del país.
Entre los casos más recientes figuran los ocurridos en las comunas capitalinas de Quilicura y Estación Central, donde inmigrantes haitianos que habitan hacinados en sendas ciudadelas, han sido abiertamente repudiados por los vecinos sin tener en cuenta la difícil situación que enfrentan esas personas por falta de recursos para subsistir.
Este jueves el fiscal nacional, Jorge Abbott, preguntado sobre estos hechos, criticó en duros términos tales acciones discriminatorias que –dijo- son francamente inaceptables y se contradicen con el respeto a los derechos humanos.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes, su director, José Tomás Vicuña, se lamentó de que «al ver el racismo estos días, lamentablemente me doy cuenta que Chile no cambió».
En declaraciones a Radio Cooperativa y refiriéndose a lo ocurrido en la cuidadela de Quilicura, donde malviven más de 250 haitianos en 80 pequeñas habitaciones, muchas de ellas sin baños, el sacerdote señaló que “el problema no es Haití, somos nosotros parece, y es decepcionante».
En sus duras declaraciones Vicuña advirtió que «hay muchas personas migrantes que han sufrido más en Chile, por el trato que han recibido, que al partir de sus países y dejar toda su historia, y eso es triste”.
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