Dichas medidas fueron decretadas por 90 días para el cementerio de los Pobres en la ciudad de Aguachica (noreste), “y así evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas y ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio”.
La JEP precisó en un comunicado que tomó esa decisión al encontrar irregularidades en el proceso de exhumación de cuerpos del cementerio de los Pobres para su traslado al cementerio Católico Central de Aguachica.
Ese proceso se adelantaba en cumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de propiedad sobre el terreno de la finca Los Mangos, donde se había construido irregularmente el cementerio de los Pobres, explicó.
Al iniciar la exhumación y traslado de los cuerpos en diciembre de 2019, se estableció que los cuerpos encontrados superaron los 200 calculados por las autoridades.
También se hallaron 28 cuerpos sin identificar, posiblemente de personas víctimas del delito de desaparición forzada debido al conflicto armado, detalló.
Adicionalmente, precisó que las labores de traslado de los cuerpos se realizaban sin el rigor técnico necesario para ese tipo de operaciones, lo que llevó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP a decretar las medidas con mayor urgencia.
La Sección ordenó la práctica de diligencias de verificación para que funcionarios de policía judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recolecten información sobre la existencia de cuerpos no identificados, presumiblemente ubicados en el cementerio de los Pobres.
Las medidas cautelares se decretan a raíz de la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que busca proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país, donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado, puntualizó.
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