Esta es la consecuencia de un fallo judicial por daños morales al exgobernante en una causa iniciada en 2012, basada en supuesta información falsa emitida por el medio que perjudicó al demandante, quien reclamó indemnización.
La corporación Corprensa confirmó la acción en un comunicado difundido ayer, donde expuso que incluye el embargo de todas las cuentas bancarias, las acciones de la subsidiaria Inmuebles Industriales S.A., propietaria del terreno y el edificio donde están las redacciones de los periódicos La Prensa y Mi Diario.
El comunicado, firmado por el presidente de Corprensa, Diego Quijano, advirtió que este fallo proveniente del Juzgado Civil, congela los fondos utilizados para las obligaciones contractuales y destacó que ello incluye los salarios de los 240 trabajadores de la empresa.
“La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho
a la información que tienen todos los ciudadanos ya que reprime la continuidad operativa de la empresa”, señala el texto y asegura que como indemnización, el expresidente reclama 5,5 millones de dólares por “daños y perjuicios”.
Diversas voces dentro y fuera del país dieron un espaldarazo al colectivo periodístico, al condenar la decisión de la Justicia y considerarla violatoria de lo que consideran el derecho a informar a la ciudadanía de los sucesos del país, mientras Corprensa convocó para mañana una conferencia de prensa para exponer la situación a los medios.
Por su parte, la web del exgobernante aseveró que “la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país”.
La nota confirma que el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la jueza Lina Castro de León, dictó orden de embargo por un monto de un millón de dólares sobre los activos, tales como dinero, bonos, acciones o cuentas por cobrar, de Corprensa.
El litigio lo inició Pérez Balladares en 2012 “por la difusión de información falsa en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio”, señaló la fuente, la cual insiste que el periódico afirmó, sin pruebas, la vinculación del expresidente con blanqueo de capitales.
Como argumento para la demanda, el acusador se basa en que “La Prensa no tuvo la disposición de retractarse (…), a pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos” y en consecuencia hizo la denuncia al vincularlo de “manera intencional e injuriante al blanqueo de capitales”.
En esencia se trata de dos notas publicadas por La Prensa en 2011, acerca de una investigación del Ministerio Público sobre el movimiento de 176 millones de dólares, cuyo destino el diario aseveró que “fueron a parar a cuentas locales de Banistmo –hoy HSBC– y Banvivienda, ambas relacionadas con el expresidente Ernesto Pérez Balladares”.
agp/orm
