El estudio, «Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar la Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe», propone un enfoque con políticas sanitarias, económicas y sociales para mitigar la pandemia, y reconstruir de manera sostenible e inclusiva.
Al presentar el informe de manera simultánea en esta capital y en Washington, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, aseguró que “avanzar en la igualdad es fundamental para controlar la pandemia y una recuperación económica sostenible”.
Señaló que se debe implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de los países, para lo cual es esencial cambiar la estrategia de desarrollo en la región, y subrayó que “no existe un dilema entre salud y economía, sino que la salud es lo primero”.
Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, expresó que América Latina y el Caribe se enfrentan “a un desafío sin precedentes, que requiere de sistemas de salud sólidos porque se trata de un derecho humano fundamental y el acceso debe ser universal, sin que nadie quede atrás”, y que de ello también depende la recuperación económica.
El informe concluye que no hay apertura económica posible sin que la curva de contagios sea controlada, ni reactivación sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios; y que las medidas sanitarias deben articularse con otras sociales y económicas para atenuar los efectos de la crisis.
Asimismo señala que “reconstruir mejor implica promover el desarrollo sostenible e inclusivo con la igualdad en el centro, avanzando en la transformación productiva y en la creación de un estado de bienestar”.
Finalmente, expone la necesidad de articular las políticas de salud con las económicas y sociales, para lo cual las primeras debieran ser acompañadas de políticas expresadas anteriormente por la Cepal como un Ingreso Básico de Emergencia, un Bono Contra el Hambre y protección al sector productivo, que apoyen las medidas de salud.
Igualmente plantea que la reconstrucción debe incluir el reconocimiento de la salud como derecho humano garantizado por el Estado, el robustecimiento de la salud pública, la consolidación de sistemas de protección social universales e integrales, y un gasto público “suficiente, eficiente, efectivo y equitativo”.
Según el informe, el gasto público en salud solo alcanza en promedio el 3,7 del PIB, por debajo del seis por ciento recomendado como base por la OPS, y la tercera parte de la población enfrenta barreras para acceder a esos servicios.
Asegura que los altos grados de desigualdad acompañados por elevados niveles de pobreza, informalidad, desprotección social y limitado acceso a salud oportuna y de calidad, explican los altos costos sociales que la pandemia está teniendo en la región.
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