La acusación había sido aprobada por la Cámara de Diputados por su responsabilidad política en la violencia policial contra manifestantes, así como su debilidad ante una reciente huelga de camioneros y la impunidad de hechos violentos perpetrados por grupos delincuenciales en la región de La Araucanía, pero el Senado la rechazó.
En el fallo, tras más de 12 horas de debate la víspera, bastaba que solo uno de los tres capítulos del texto acusatorio fuera aprobado con 22 votos para que el fuera acusado, sin embargo, ninguno alcanzó el quórum, gracias a la posición de senadores de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Por la Democracia.
Contradictoriamente, la acusación había sido impulsada por el diputado de la DC Gabriel Ascencio, quien tras la votación declaró que en lo político, lo separa «una distancia enorme” de sus correligionarios Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, quienes votaron en contra.
“No entiendo sus motivos para salvar a Pérez y evitar sancionarlo por violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de la ley. Otro día triste para mi partido y sus fundadores”, sentenció el legislador.
Para el también diputado demócrata cristiano Iván Flores, «la oposición sigue dando tumbos” y consideró comprensible el malestar de los ciudadanos por la absolución de un ministro que no estuvo a la altura del mandato Constitucional.
Por su parte, el senador independiente Alejandro Guillier advirtió que “cuando en un país las violaciones a los derechos humanos se hacen tan habituales que dejan de horrorizar a la gente, este gobierno se impide gobernar a sí mismo, no necesita de la oposición para eso”.
En tanto, la diputada Gael Yeomans, de Convergencia Social, opinó que la absolución de Víctor Pérez por el Senado es una “pésima señal que reafirma el régimen de impunidad en materia de violación a los derechos humanos en el país”.
Como era de esperar, el fallo fue aplaudido en el gobierno y los partidos de derecha, que rechazaban la acusación contra Pérez, y según el Senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, la Cámara Alta “actuó con responsabilidad en el uso de sus funciones jurisdiccionales”.
Pérez había renunciado a su cargo tras aprobarse la acusación en la Cámara de Diputados, por lo cual ya no podía ser destituirlo, pero sí arriesgaba la posibilidad de no poder ejercer cargos públicos ni de elección popular durante los próximos años.
Pero al rechazarse la acusación, el cuestionado político podrá ser candidato en cualquiera de las elecciones que se avecinan, incluso para integrar la Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución.
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