La resolución refrenda una modificación al decreto 265 de 2019, el cual establecía la colaboración del Ministerio de Defensa con las autoridades civiles y policiales para actuar contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional en zonas fronterizas del país, pero ahora se le añade lo referente al tráfico de migrantes.
La aprobación de tal facultad ocurre en momentos en que aumenta la entrada de migrantes ilegales al país en grandes grupos por la frontera norte.
El tema cobró más relevancia la víspera, cuando fueron encontrados los cadáveres de un ciudadano de venezolano y de una colombiana, que al parecer fallecieron a causa de la inclemencia del clima en esa zona desértica cuando intentaban entrar al país.
Asimismo las condiciones se han vuelto muy precarias en especial en el pequeño poblado de Colchane, cercano a la frontera con Bolivia, habitado por 300 personas pero donde se encuentran más de mil inmigrantes que entraron de forma ilegal.
El ministro de Defensa (suplente), Alfonso Vargas, consideró ‘insoportable’ la situación en esa localidad, carente de infraestructuras básicas, pero admitió que controlar a los extranjeros es muy difícil, pues ‘se puede vigilar una área de 10 o 20 kilómetros, pero los ilegales dan una vuelta más larga y de todas formas logran entrar al país’.
Datos de la Policía de Investigaciones (PDI), reflejan que sólo en enero último ingresaron más de dos mil extranjeros por pasos no autorizados por la norteña región de Tarapacá.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó la zona para conocer de primera mano la situación, y el alcalde de Colchane, Javier García, le reclamó ofrecer desde el Gobierno soluciones concretas al problema, que afecta el bienestar de los vecinos de ese municipio.
Según trascendió, el titular del Interior realizará la próxima semana una nueva visita para anunciar medidas encaminadas a solucionar lo que ya medios locales denominan como una crisis migratoria.
En tanto, el Subsecretario de Defensa, Alfonso Vargas, dijo que se evalúa repatriar a los extranjeros, después que cumplan su cuarentena en residencias sanitarias para verificar si algunos estén contagiados con la Covid-19.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes señaló que la política del Gobierno de ‘contener e impedir que las personas ingresen al país, no resuelve ningún tipo de problema’ en el norte de Chile.
Rodrigho Noriega, vocero de esa organización, criticó que el Gobierno empezó a establecer medidas de restricción en las fronteras con el desplazamiento de fuerzas militares, lo que se sumó a la barrera adicional puesta por la pandemia, y consideró que ello ‘ha generado que los flujos migratorios contenidos discurran de otra manera’.
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