Grupos, colectivos, redes y organizaciones sociales, unos 50 en total, manifestaron en la semana su conmoción por la ‘extrema gravedad de la existencia de redes de explotación sexual, corrupción, trata, asesinatos y muertes dudosas de adolescentes en el departamento de Treinta y Tres’.
En declaración conjunta expresaron conmoción y llamaron a la sociedad uruguaya para que tome conciencia de la real dimensión de lo ocurrido y no se mantenga indiferente, ante adultos que ‘continúan negociando los cuerpos y vidas de las niñas, niños y adolescentes tal cual una mercancía’.
Reclamaron del Estado la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
En tal sentido exigieron de instituciones pertinentes, incluido el Ministerio del Interior la debida protección y atención inmediata para las 20 personas en grave riesgo de explotación social por una red criminal en el territorio administrado por el oficialista Partido Nacional.
Asimismo instaron a los profesionales en los medios de comunicación comerciales y comunitarios, a generar una cobertura de los hechos desde una perspectiva de derechos humanos que garantice la seguridad de las víctimas sobrevivientes y sus familias.
Mientras una jueza en esta capital prorrogó las medidas cautelares contra 36 procesados de privilegiada posición social en la denominada operación Océano, desplegada por la Fiscalía de Delitos Sexuales, que explotaban a adolescentes con pagos o promesas de pagos en Montevideo y Punta del Este.
El caso se abrió en 2019 tras el suicidio de una muchacha que denunció a un exjuez involucrado y permanecía impune y la amenazaba.
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