Delgado hizo estas declaraciones desde el pequeño poblado de Colchane, a donde viajó este martes junto a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa para evaluar la crisis migratoria generada allí desde la pasada semana por la presencia de más de mil indocumentados, y anunciar medidas en busca de una solución.
Al respecto, informó que mañana partirá desde la ciudad de Iquique un primer vuelo de la Fuerza Aérea con 100 inmigrantes que serán expulsados ‘por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y estar de manera irregular en el país’ entre ellos 11 que también presentan causas judiciales.
Aseguró que quienes piensan venir a Chile y entrar por un paso irregular y de manera clandestina, ‘no van a ser regularizados, no van a tener carnet de identidad, no van a tener nada que pueda generar esas expectativas que les han generado bandas internacionales’.
Añadió que se analiza también la posibilidad de establecer residencias sanitarias transitorias, fuera de los centros urbanos, y donde los recluidos allí pasarán por cuarentena y luego serán expulsados del país.
El ministro valoró las medidas adoptadas por el gobierno, incluida la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, en un denominado Plan Colchane, en el cual se dispone del uso de drones, equipos de vigilancia con sensores nocturnos y de comunicación, que según dijo ya muestra ‘resultados concretos’.
Señaló además que cuando se promulgue la nueva Ley Migratoria (muy cuestionada por sectores de oposición) el gobierno dispondrá de más herramientas para hacer más rápida la expulsión de los indocumentados.
Por su parte, el canciller Andrés Allamand reiteró que la principal medida para la entrada de indocumentados al país es su expulsión, pero también anunció el despliegue de una campaña de difusión en el extranjero sobre las medidas del Gobierno respecto a la inmigración y para desestimular las entradas ilegales al país.
Igualmente mencionó que la Cancillería trabajará coordinadamente con las autoridades de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, para preparar una ofensiva legal destinada a desarticular las bandas involucradas en el tráfico de personas.
Analistas señalan que con estas medidas el gobierno apuesta por la mano dura contra los inmigrantes, a diferencia de lo propuesto por organizaciones de derechos humanos y políticos de oposición que reclaman enfrentar este problema como un tema humanitario y no de seguridad nacional.
Según datos de Carabineros de Chile, alrededor de 250 personas ingresan al país cada día por pasos no autorizados, sobre todo por las fronteras con Bolivia y Perú.
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