En un artículo de opinión de quien fue fiscal del caso Irán/contra y miembro de Public Voices, se afirma que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, debía presidir el proceso contra el expresidente Donald Trump.
Al apartarse, Roberts no sólo incumple su deber, sino que sus acciones aportan un aire de ilegitimidad al caso, lo que pudiera redundar a favor del acusado.
Si Trump es condenado, sería inelegible para ocupar un cargo federal. Sin la presencia del presidente del Tribunal Supremo, y si hay una condena, Trump puede argumentar que el fallo fue inconstitucional porque no se siguieron las reglas según la Constitución, precisa el análisis.
Como principal magistrado de la nación, Roberts hace un flaco favor a nuestra República cuando el exmandatario insinúa una candidatura a la presidencia en 2024, señala el también experto en derecho e historia constitucional.
Si, como se informa, el acusado vuelve a intentar la presidencia a pesar de su condena, entre las primeras cosas que podría alegar es que la sentencia fue inconstitucional. No es ajeno a tachar los hechos de falsos y, esta vez, la ley podría estar de su lado si alega que la persona equivocada presidió su juicio político, precisó Mark.
La ausencia de Roberts, electo al máximo foro a propuesta de los republicanos, le da a Trump la posibilidad de hacer una reclamación de este tipo y le abre un camino para buscar la presidencia en 2024.
Sostiene el académico que el alto magistrado presidió el primer juicio político de Trump pero ahora se apartó de su deber constitucional.
La semana pasada, agrega, el senador Rand Paul (republicano) dijo a Sean Hannity en Fox News que sería un procedimiento de ‘impugnación falso y partidista’ sin el presidente del Tribunal Supremo. Los partidarios de Trump están sentando las bases, alertó.
Asegura Mark que antes de asumir su función actual, Roberts dijo que su trabajo sería hacer cumplir la ley pero al negarse a presidir el juicio político está haciendo lo contrario.
Alerta el experto que la decisión del presidente del Tribunal Supremo de no mantenerse firme en lo que señala la Constitución y optar por el juego de la semántica, está poniendo en peligro nuestro sistema de justicia.
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