La devolución de esas personas forma parte de las medidas del Gobierno de Chile para intentar contener la llegada de ilegales y buscar una solución a la crisis migratoria que se vive en el norte del país.
Así lo informó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, desde el pequeño poblado de Colchane, a donde viajó la víspera junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa para evaluar la crisis migratoria generada allí desde la pasada semana por la presencia de más de mil indocumentados, y anunciar un plan de medidas.
Al respecto, detalló que esas 100 personas son expulsadas ‘por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y estar de manera irregular en el país’ aunque 11 de ellas también presentan causas judiciales.
Aseguró que quienes entren a Chile por pasos irregulares y de manera clandestina, ‘no van a ser regularizados, no van a tener carnet de identidad, no van a tener nada que pueda generar esas expectativas que les han inculcado bandas internacionales’.
Añadió que se analiza también la posibilidad de establecer residencias sanitarias transitorias, fuera de los centros urbanos, y donde los recluidos allí pasarán por cuarentena y luego serán expulsados del país.
Por su parte, el canciller Andrés Allamand reiteró que la principal medida para la entrada de indocumentados al país es su expulsión, y aseguro que se hicieron las coordinaciones con las autoridades de Colombia y Venezuela para el retorno de esas cien personas a esas naciones.
Igualmente mencionó que la Cancillería trabajará coordinadamente con las autoridades de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, para preparar una ofensiva legal destinada a desarticular las bandas involucradas en el tráfico de personas.
Analistas señalan que con estas medidas el gobierno apuesta por la mano dura contra los inmigrantes, a diferencia de lo propuesto por organizaciones de derechos humanos y políticos de oposición, que reclaman enfrentar este problema como un tema humanitario y no de seguridad nacional.
Según datos de Carabineros de Chile, alrededor de 250 personas ingresan a Chile cada día por pasos no autorizados, sobre todo por las fronteras con Bolivia y Perú.
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