La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, quien favorece la vuelta a las aulas de los escolares sostuvo que el país se encuentra en una emergencia sanitaria y debe darse una concurrencia segura que garantice el derecho a la educación.
Según expuso, desde diciembre la FUM solicitó al Consejo de enseñanza primaria (CEIP) poner en funcionamiento el grupo de trabajo de preparación y por el contrario las autoridades centrales recién les presentaron un plan sin previo intercambio.
Además se relegó a los directores de escuelas la responsabilidad de buscar espacios alternativos necesarios para el distanciamiento físico del alumnado de lo que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Robert Silva hizo que dependa exclusivamente el reinicio de clases.
Javier Iglesias, integrante del Ejecutivo sindical señaló que en vez de alquilar contenedores y nuevos espacios para aulas, se debió mantener grupos y cargos docentes suprimidos por política gubernamental de recortes de gastos que afectaron las condiciones de trabajo.
Mientras, la dirigencia de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) reclamó al gobierno participación de los sindicatos y recuperación de 50 horas docentes perdidas.
Silva fue enfático en que todas las escuelas comenzarán el 1 de marzo, desestimando criterios médicos de aplazar fecha, y en priorizar al alumnado de ‘los contextos más vulnerables, y los primeros y últimos años de cada ciclo’
En este contexto entró en vigor la erradicación de los consejos de educación inicial, primaria, secundaria y de la Universidad del Trabajo, dispuesta en la Ley de urgente consideración.
Para Fenapes ‘se rompe con una tradición histórica en los gobiernos colectivos en la educación uruguaya’ y además ‘implica la centralización y el control político partidario del sistema educativo con una visión empresarial’.
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