El magistrado le ratificó prisión preventiva justificada y también estableció que la audiencia para modificar medidas cautelares será solo cuando presente un acuerdo reparatorio del daño ocasionado al Estado con la compra-venta de una planta de fertilizantes obsoleta con sobreprecio de 200 millones de dólares.
Dicho acuerdo consiste en el pago de 219 millones de dólares, como reparación del perjuicio ocasionado a Pemex con esa fábrica, monto que podrá pagar en cuatro años.
Los abogados de Encira insisten en que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está prescrito, argumento que rechaza la fiscalía.
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