La aceptación fue posible gracias a la mayoría de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, pues el resto del espectro votó en contra, en tanto el asunto pasará al pleno donde el debate será intenso.
Comisiones en las que el oficialismo no es mayoría, como la de Comercio dominada por la oposición, ya se pronunciaron contrarias a la reforma, pero como la coalición de gobierno es la que decide, se da por descontado su anuencia.
El gobierno de México busca con ese cambio eliminar la anterior ley ejecutada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual oficializó el proceso de entrega a manos privadas de las dos principales empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Energía (CFE), lo cual inició el en su momento mandatario Felipe Calderón (2006-2012).
López Obrador convirtió el tema en uno de sus preferidos y prometió a los mexicanos rescatar la soberanía perdida a manos de empresas extranjeras como la española Iberdrola y varias estadounidenses, cuyas graves consecuencias se acaban de demostrar con la crisis de carencia de gas por las nevadas en Texas.
El mandatario puso al desnudo a Iberdrola, pues lleva años saqueando al país mediante el ejercicio de una ilegal práctica monopólica de la generación eléctrica nacional y una subvención también ilícita de la tercera parte de sus inversiones.
La iniciativa presidencial favorece a la CFE y a Pemex y relega a las empresas privadas extranjeras que usufructuaban esa riqueza desde la época de Calderón.
Después de obtener el dictamen el voto mayoritario de Morena y Partido del Trabajo, con 22 a favor y 10 en contra, se determinó que todas las reservas se presenten en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 23 de febrero.
En este debate, el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, señaló que lo que se busca es rescatar la soberanía energética del país y así no depender de los vaivenes de los mercados.
Aclaró que con esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrá manera de pasar costos indirectos a la sociedad y si usa la red pública deberá pagar lo correspondiente sin subvenciones multimillonarias como hasta ahora.
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