Falsos positivos es el término empleado para referirse a los civiles asesinados por militares y reportados como combatientes enemigos para justificar sus muertes en el contexto del conflicto interno que enfrentó al Estado con organizaciones guerrilleras, paramilitares y delincuenciales.
El tema es difícil de manejar para las partes implicadas y las instituciones y organizaciones encargadas de investigarlos porque implica a altas esferas de varias administraciones colombianas y de la cúpula militar, que carga con los procesos abiertos contra 22 de sus generales.
Mientras la Fiscalía General de la Nación reconoce poco más de dos mil víctimas clasificadas como falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registró por lo menos seis mil 402 casos, todos en el periodo comprendido del año 2002 al 2008.
Una diferencia tan grande, el triple, no pasó desapercibida a para la sociedad colombiana, que sueñan con el fin del conflicto civil en su país.
La exasenadora Piedad Córdoba recordó en las redes sociales que mientras en el país son develados escándalos como el de los falsos positivos, y son asesinados casi a diario líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, el presidente Duque desplaza la atención hacia los asuntos internos de otros países como Venezuela.
El mandatario es considerado continuador de la política derechista de Álvaro Uribe, quien dirigió al país durante los años en que son registrados los falsos positivos y aplaudió la efectividad de los militares en la lucha contra la insurgencia bajo su política de seguridad.
Sin embargo de momento no hay indicio alguno de que Uribe responda ante la justicia, quien tiene investigaciones abiertas por manipulación de testigos y fraude procesal relacionados con el paramilitarismo.
Mientras Duque cuestiona la situación de los derechos humanos en otros países, Colombia tiene a millones de desplazados por la guerra, 80 mil desaparecidos, miles de secuestrados y gasta millones de dólares en defensa, recordó Córdoba en su perfil en Twitter.
Por otra parte personalidades del país suramericano como el expresidente Ernesto Samper destacan la importancia de la labor de la JEP en contraposición a la desarrollada por la fiscalía, y llaman a apoyar a la primera para conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto.
Otros como el senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, abogan por la reacción de la ciudadanía, la que opina debe quitar el poder ‘a los autores políticos de un crimen contra la humanidad tan grave’.
Los falsos positivos, compartió en las redes sociales, son el resultado de una estrategia hecha para engañar la opinión pública, y la impunidad, acotó, ‘… habla mal de la sociedad colombiana’.
El fantasma de la guerra sigue acechando a Colombia aun cuando la principal organización insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, firmó y cumple con el Acuerdo de Paz de 2016.
La impunidad de políticos y militares, el paramilitarismo, el narcotráfico y los nexos corruptos entre muchos de estos actores solo alejan ese sueño y derecho de generaciones de colombianos, el de vivir en un país en paz.
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