La defensora Nadia Cruz, informó que la semana pasada recibieron quejas del centro Grumedso (Santa Cruz) y los hospitales Nuestra Señora de La Paz y el Metodista, así como el Agramont en la ciudad de El Alto por facturas elevadas que no incluyen servicios de terapia intensiva.
Cruz reveló que las quejas incluyen cobros de más de dos mil dólares por cuatro horas de atención en una clínica privada, y exigió el cumplimiento de la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada el miércoles pasado y motivo actualmente de un paro convocado por el Colegio Médico hasta el 28 de febrero próximo.
La normativa establece el control y fiscalización del costo de los servicios, medicamentos e insumos y la contratación del personal en medio de una crisis sanitaria como la pandemia de la Covid-19, de ahí la medida de presión impuesta por ese colegio que vulnera el derecho a la salud de los bolivianos, según fuentes gubernamentales.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó la víspera que el paro fracasó porque, según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de cuatro mil 300 galenos desobedecieron esa convocatoria.
Del Castillo precisó que en varios intercambios sostenidos con representantes del gremio predominaron los consensos por encima de las discrepancias entre ambas partes, un hecho que permitió la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico antes de promulgar la normativa.
El funcionario denunció los intereses políticos ocultos detrás el paro como los del candidato a la Alcaldía de La Paz por el frente Unidos, Luis Larrea, que respaldó la decisión debido a la caída en las encuestas y busca incrementar de ese modo su caudal electoral.
Destacó que la Ley de Emergencia Sanitaria protege a los bolivianos, evita la mercantilización de la salud, además de regular y controlar los precios de los medicamentos para evitar sobreprecios en las farmacias.
ga/nmr
