El pasado lunes el gobernante, cuyo mandato cuestionan los sectores opositores y una amplia franja de la sociedad civil, intervino ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y señaló los esfuerzos de su administración por organizar los comicios para renovar al personal político.
También criticó el ‘temor a las elecciones’ de los opositores, la mayoría de los cuales no alcanzó ‘el uno por ciento de los votos’ en justas anteriores, aseguró, y reiteró que la transición propuesta por las franjas contestatarias solo beneficia a un sector de la oligarquía.
Por su parte, las autoridades electorales anunciaron esta semana el aplazamiento del referendo para modificar la Constitución, y se reunieron con varios gremios para la discusión del documento que debe llevarse a votación el 27 de junio, según la nueva fecha propuesta.
Mathias Pierre, ministro delegado de Asuntos Electorales, explicó que la prórroga respondió a las exigencias de Naciones Unidas para asegurar la logística, capacitación de las fuerzas de trabajo, traslado de materiales, entre otros.
El primer ministro, Joseph Jouthe, discutió el pasado jueves con representantes del sector protestante, grupo religioso que en las últimas semanas impulsa protestas antigubernamentales por el respeto a la carta magna vigente, y recientemente creó la Comisión Protestante contra la Dictadura en Haití.
De acuerdo con el funcionario, los religiosos se comprometieron con la estabilidad y el orden democrático, no obstante para mañana convocaron junto a otras fuerzas a una masiva movilización en la capital y otras ciudades del país.
Moïse, además, intercambió con socios internacionales la urgencia de las elecciones y el referendo, incluso invitó a los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) a enviar representantes para conocer la situación del país.
La víspera, en una serie de tuits en inglés, insistió en que las elecciones constituyen el único camino hacia la estabilidad y volvió a arremeter contra supuestos ‘oligarcas haitianos corruptos’ que defienden contratos perdidos y privilegios, en una clara alusión a la disputa por los convenios de electricidad que el gobierno sostiene con la familia Vorbe.
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