Radio ADN señaló que la querella, presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), va dirigida también contra el exministro de Salud Jaime Mañalich y el exsubsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, y apunta a malos manejos de recursos en el marco de la pandemia de Covid-19.
La demanda admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago está relacionada con una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la que se detectaron irregularidades en la habilitación de infraestructura de salud de emergencia para enfrentar la pandemia.
La CChDH plantea en su acusación la existencia de ‘graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados (…) conforme a su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo con la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados’.
Asimismo, señala los posibles delitos de fraude al fisco por la presunta intervención en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados.
Al respecto cita los ejemplos del Hotel Alto del Sol de la comuna Mejillones y el Hotel Clínico de Santiago, que recibieron pagos en conjunto por casi 520 millones de pesos, (cerca de 800 mil dólares), e incluso atenciones a ‘pacientes fantasmas’ que se encontraban fuera del país antes de la entrada de la pandemia a Chile.
Añade que tales hechos defraudan al Estado y originaron millonarias pérdidas al erario por el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una exitosa estrategia sanitaria.
Además, la demanda hace referencia a la responsabilidad penal por los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, siendo el caso más emblemático la doble contratación de los servicios del centro de convenciones Espacio Riesco, para ser habilitado como hospital de emergencia.
La querella plantea también que el diseño e implementación de las estrategias sanitarias contra la pandemia, autorizadas por el Presidente y ejecutadas con contrataciones públicas de las residencias sanitarias, privilegiaron, más que el interés público, el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población.
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