La acción de la colectividad política puertorriqueña, que tiene dominio simple en la Cámara y el Senado, además de la mayoría de los 78 municipios del país, fue sometida el pasado viernes para que se determine la ilegalidad del organismo impuesto por Washington tras la aprobación en 2016 de la legislación Promesa.
‘La imposición burda y antidemocrática de siete tiranos contradice los valores democráticos estadounidenses garantizados por su Constitución’, se indica en el recurso judicial.
El PPD denuncia, además, que después de cinco años sin resultados positivos, se puede adjudicar que el experimento fracasó, ya que no se cumplió con sacar a esta isla del Caribe de su bancarrota fiscal ni tampoco encaminar proyectos de desarrollo económico.
A juicio de la colectividad política, defensora del Estado Libre Asociado, fundado en 1952 como un mecanismo de soberanía que Washington denunció en 2016 como una farsa para engañar a la comunidad internacional, la imposición de la JSF traiciona los fundamentos que dieron origen a la nación norteña.
La junta fiscal está encabezada por siete miembros del sector privado nombrados por el Congreso y el Senado, además de la Casa Blanca, que en su gran mayoría nunca han vivido en Puerto Rico, por lo que ‘están desprovistos de las complejidades locales de la isla’, refiere la demanda judicial.
Advierte que al crear la JSF mediante la legislación Promesa, el Congreso estadounidense otorgó inadmisiblemente a esa entidad poderes pertenecientes al ejecutivo y al legislativo.
Las partes comparecientes plantean que al idear instituciones con autoridad sobre los territorios, eufemismo por colonias, el Congreso está inexorablemente obligado por los principios de separación de poderes y debe garantizar que los ciudadanos gocen de una forma republicana de gobierno.
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