Según la revista Veja, el descendiente del mandatario ultraderechista habría actuado como cabildero ante el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) para empresas que invierten en sus actividades comerciales.
La publicación llama la atención de que el hijo del segundo matrimonio del gobernante con Ana Cristina Siqueira Valle se convirtió en un próspero inversor inmobiliario tras su mamá casarse con el entonces diputado federal.
Veja precisa que la investigación preliminar se abrió después de que el 04, como se conoce a Renan, abriera una oficina en esta capital y comenzara a mediar en reuniones entre empresarios y altos cargos del Gobierno.
El joven empresario, de 22 años, se puso en contacto con el presidente, por ejemplo, para organizar una reunión de uno de sus patrocinadores con representantes del Ministerio de Desarrollo Regional.
Tras conocerse el caso, el MPF recibió quejas de parlamentarios de la oposición e interpuso una demanda.
Los fiscales del Distrito Federal (DF) ya solicitaron la recopilación de datos del hijo del presidente, la empresa Bolsonaro JR Eventos y Media, y sus socios comerciales.
Una de las firmas negocia para cerrar un acuerdo con el Ministerio de Fomento para construir viviendas asequibles.
La otra, según el diario Folha de Sao Paulo, prestó servicios de producción de vídeo a los ministerios de Sanidad, Educación y Turismo.
Antes de que su padre llegara a la presidencia, Renan estaba desempleado. Más tarde, fundó una empresa con un capital social de 105 mil reales (unos 19 mil dólares).
En diciembre pasado el diputado Iván Valente, del Partido Socialismo y Libertad, pidió a la Fiscalía General que comience una investigación sobre los negocios de Renán con empresas del Gobierno.
Tocamos la puerta de la Procuraduría General de Justicia del DF, reiteró el parlamentario, ‘para conocer el evidente tráfico de influencias en el caso de la productora, contratada por Planalto que trabajaba gratuitamente para el menor de Bolsonaro, Renan. Brasil no puede ser rehén de esta inmoralidad autoritaria’, remarcó.
Transformar la influencia en negocio, además de inmoral, es un delito expresamente previsto en la legislación, subrayó el congresista en el documento dirigido a la Fiscalía.
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