La normativa prevé, entre muchas acciones, la eliminación de los subsidios recibidos por las transnacionales extranjeras y el monopolio que ejercen de la distribución y generación del fluido eléctrico.
Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolucionario Democrático y Movimiento Ciudadano, amenazaron con presentar una acción de inconstitucionalidad.
Esos cuatro partidos, que fueron los que auspiciaron y aprobaron la privatización del sector energético bajo los últimos gobiernos neoliberales, se oponen a una renacionalización que le devuelva la soberanía parcialmente perdida por México a un sector estratégico.
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