Ravina Shamdasani, portavoz de esa agencia, declaró a la prensa su inquietud por la inestabilidad en ese país y el riesgo del retorno a una situación de conflicto de cara a la segunda vuelta los comicios parlamentarios el 14 de marzo.
El proceso electoral de diciembre, que incluyó la primera vuelta de la votación parlamentaria y la elección presidencial, lo marcaron las agresiones perpetradas por la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC)opuesta a la celebración de esas consultas y que boicoteó el proceso electoral.
En ese contexto hubo un fuerte aumento de violaciones y abusos de derechos humanos documentados antes, durante y después de las elecciones, incluso bajo la aplicación del estado de emergencia y el toque de queda dispuestos por el gobierno de Faustin-Archange Toudéra.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, la Misión de la ONU en la República Centroafricana registró 185 incidentes de violaciones y abusos de derechos humanos y los grupos armados, en particular CPC, fueron responsables de más del 86 por ciento de los casos.
Shamdasani indicó que esas formaciones mataron y secuestraron a civiles, dispararon para intimidar a la población, atacaron al personal de la Misión de Paz, siete de cuyos efectivos perecieron en diciembre y enero, incendiaron los colegios electorales y destruyeron el material depositado en esas dependencias.
El período postelectoral también se caracterizó por contraofensivas y represalias contra esos grupos armados por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, en las cuales se también se cometieron excesos.
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