Escándalo generó la revelación de que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se benefició de una exoneración tributaria para su empresa privada, dictada por una resolución de la ministra de Finanzas Azucena Arbeleche.
Solo cuando se hizo público, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le instó a renunciar a una ventaja que gestionó en diciembre de 2019, a sabiendas de que ocuparía su actual cargo en el gobierno electo a instalarse en tres meses.
El secretariado Ejecutivo del Frente Amplio reclamó el cese de funciones de Alfie por considerar que su actuación fue éticamente reprobable, y la bancada legislativa anunció que analiza un llamado a comparecer en comisión parlamentaria.
Senadores frenteamplistas recordaron que en enero de 2020 acudió a declarar en una corte internacional en Nueva York en favor de una demanda de la minera anglo-suiza Aratiri al Estado uruguayo por tres mil 600 millones de dólares.
En el transcurso de los días salió a la luz una denuncia de diplomáticas en la cancillería por acoso, violencia y discriminación para el ejercicio de funciones y promociones que el jefe de la cartera, Francisco Bustillo, elevó al Fiscal de Corte, Jorge Díaz y al Instituto de Mujeres y a ONU Mujeres en Montevideo.
A la vez el propio ministro tuvo que pagar de su bolsillo 800 dólares por un almuerzo que encargó para 12 personas con factura para el organismo, después que un diputado del Frente Amplio lo criticó públicamente.
También Bustillo prometió investigar la compra de 10 presilladoras electrónicas de oficinas a un costo total de cuatro mil dólares.
Otro escándalo estalló en las postrimerías de la semana al divulgarse una conversación telefónica del director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)), Enrique Montagno, proveniente del partido Cabildo Abierto (CA) de la coalición gubernamental, con ataques al principal socio, el Partido Nacional.
Lo más llamativo fue su relato de que colocó en puestos de esa entidad a 147 personas cercanas a CA, lo que para el Frente Amplio se trata de una confesa práctica de clientelismo político y su bancada legislativa pedirá explicaciones al ministro de Salud Pública Daniel Salinas y al presidente de ASSE Leonardo Cipriani.
Mientras el intendente del departamento de Canelones, Yamandu Orsi, cuestionó una concesión por 50 años a una empresa extranjera que entrega ‘la llave de nuestro principal puerto’, en Montevideo, y el sindicato del sector combustible se movilizó contra la destrucción de la empresa estatal.
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