El documento agrega que actualmente esa población representa alrededor del 19 por ciento de los pobres extremos que viven con menos de 1,90 dólares al día, y afirma que garantizar plenamente los derechos y territorios indígenas ayudaría a reducir ese flagelo y contribuiría a la seguridad alimentaria.
También impulsaría el desarrollo al estimular la inversión en proyectos sostenibles, porque esos pueblos se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, lo cual ha demostrado ser menos dañino en términos de degradación del planeta.
‘La Agenda 2030 ofrece oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, también ayudaría a combatir y mitigar el cambio climático y su impacto’, dijo el subsecretario general de DESA, Elliot Harris, quien consideró que los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan avances al abordar preocupaciones indígenas.
No obstante, apuntó que existen muchas brechas y pueden implicar riesgos para esas poblaciones, por ejemplo, la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida.
Para esas comunidades, acotó Harris, en muchas áreas del mundo siguen limitadas o no se reconocen sus derechos a las tierras, territorios y recursos, y aunque haya apoyo legal no se han implementado o son inconsistentes.
Ante ese panorama recomendó a los gobiernos establecer mecanismos permanentes, abiertos e inclusivos de consulta, participación y representación de los pueblos originarios en el ámbito local, e instrumentar procesos regionales, nacionales e internacionales relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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