A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana hizo referencia a una información publicada en el portal noticias.canal1.com, sobre el proceso impulsado por la Fiscalía colombiana contra cuatro implicados en la conspiración.
‘Venezuela lo denunció incluso durante la fase de planificación. Las autoridades colombianas nada hicieron. La próxima fase de la investigación debería determinar la protección y el aval del gobierno de Iván Duque a estos actos violentos y establecer responsabilidades’, subrayó Arreaza.
De acuerdo con el reporte de prensa, los desertores venezolanos Rayder Russo, Juvenal Sequea y José Sequea se declararon culpables de participar en la organización de la incursión paramilitar, dirigida a perpetrar magnicidio y golpe de Estado en Venezuela.
Sin embargo, aún permanece abierto el proceso de Yacsy Álvarez, quien no aceptó los cargos y señaló a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana de estar al tanto de las operaciones.
La detenida identificó a un funcionario nombrado Franklin Sánchez como el agente de la DNI responsabilizado de darle indicaciones para cuidar su seguridad durante el período de entrenamiento de los mercenarios en varios campamentos ubicados en la localidad de Riohacha.
Asimismo, declaraciones de un testigo militar divulgadas recientemente reforzaron las denuncias de Venezuela sobre los nexos de las autoridades de Colombia con la frustrada agresión mercenaria de mayo de 2020.
Según el relato del teniente de la Fuerza Armada Colombiana Juan Daniel Giraldo Trujillo, el Gobierno de ese país sabía de los preparativos en su territorio de un plan de ataque militar contra objetivos venezolanos.
El efectivo castrense reveló su participación en la captura de uno de los desertores que intervendrían el 3 de mayo en la fallida incursión paramilitar.
Un día antes de la fecha prevista para la operación mercenaria, componentes militares colombianos detuvieron a Jimmy Montesinos con más de 30 celulares y otros elementos de guerra y logísticos, que confesó serían empleados en el plan.
A pesar de las evidencias, las autoridades colombianas declararon entonces como ilegales tanto la captura como las confesiones de Montesinos, quien fue dejado en libertad, reseñó Venezolana de Televisión.
De acuerdo con evidencias aportadas por el Gobierno de Venezuela, incluidos testimonios de mercenarios estadounidenses capturados durante los hechos, la incursión paramilitar gestada en Colombia contó con la organización y ejecución de la compañía de seguridad estadounidense Silvercorp.
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