El Tribunal Regional Federal de la V Región (TRF-5) anuló una decisión que impedía al Gobierno federal celebrar la asonada castrense que impuso una dictadura hasta 1985.
Por cuatro votos a uno, los magistrados de la sala tercera revocaron la medida cautelar que determinó la retirada de una nota publicada en la web del Ministerio de Defensa conmemorando la fecha.
Tal decisión en primera instancia resultó tomada en abril del año pasado, pero el Ejecutivo apeló y, la víspera, el colegiado aceptó los argumentos de la Abogacía General de la Unión.
Según el ponente del caso, el juez Rogério Fialho Moreira, la anotación, ‘tal y como está formulada, no ofende los postulados del Estado de Derecho democrático ni los valores constitucionales de la separación de poderes o de la libertad, como para dar lugar a una injerencia del Poder Judicial en la sede de la acción popular’.
La nota del 31 de marzo de 2020, firmada por el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas calificó el golpe que dio inicio al régimen militar de ‘hito de la democracia brasileña’.
Para Bonavides, la determinación del TRF-5 resulta incompatible con los parámetros constitucionales.
‘La Constitución reconoce la dictadura y es una tesis jurídica pacífica que la libertad de expresión no protege los discursos que violan los derechos humanos. Esta decisión da permiso al Estado para utilizar el aparato institucional y los recursos públicos para exaltar un régimen que mató, violó y torturó’, alertó la parlamentaria.
Comunicó que espera la publicación de la sentencia para presentar un recurso ante el Supremo Tribunal Federal y notificar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el acto del Gobierno federal.
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014 en la administración de la presidenta Dilma Rousseff, presentó su informe final sobre esa oscura etapa.
Concluyó que la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y la ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal de alcance generalizado contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988. En el capítulo referido a la autoría de graves violaciones de los derechos humanos, enumeró 377 agentes públicos directamente implicados en los delitos cometidos.
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