El juez de distrito Gómez Fierro otorgó 27 amparos a igual cantidad de empresas privadas, en especial a la española Iberdrola, con lo cual frenó la aplicación de una reforma de ley que elimina los exagerados privilegios al sector privado en perjuicio de usuarios que pagan altas tarifas eléctricas.
La importancia de este caso radica en que la ley frenada por ese juez está dirigida a rescatar la soberanía energética de México, un sector que, según el mandatario, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pusieron en manos de Iberdrola, Repsol y otras transnacionales.
Esa privatización, según denunció, demolió virtualmente a la Comisión Federal de Energía y a Petróleos de México las cuales el gobierno está rescatando, pero poniendo orden en las transnacionales, que deben estar supeditadas al mandato público y no por encima de este como ahora.
De allí que el mandatario compare la reforma de la ley con la nacionalización del petróleo decretado en 1938 por el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas.
López Obrador, quien ya presentó a la Judicatura recurso de apelación contra las resoluciones de ese juez, reveló que el letrado fue corregido por el Consejo de la Judicatura hace apenas 10 días cuando otorgó suspensión a una empresa particular del sector eléctrico sin ser solicitado.
Hoy mismo, dijo, le informaron que los propios magistrados del consejo le enmendaron la página a Gómez Fierro y echaron para atrás la resolución de amparo al empresario por haberla otorgado de forma indebida.
El mandatario explicó que esa decisión del consejo contra el juez es muy importante porque en sus resoluciones contra la reforma de la ley está evidenciada una generalización incorrecta de su fallo, y vamos a enviar ese hecho como complemento de pruebas de la mala acción de ese magistrado.
Criticó que personeros de los empresarios como Gómez Fierro se rasguen la vestidura hablando de que la posición del gobierno es una intromisión en los asuntos del Poder Judicial, lo cual -dijo- en la realidad es un intento para mediatizar las obligaciones y responsabilidades del Ejecutivo.
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