Coordinadores de distintas bancadas legislativas partidarias consensuaron que la importancia de esos dos temas justifica que la Cámara Alta vuelva a sesionar en medio de un cierre temporal por brotes de contagios de la enfermedad en la sede parlamentaria.
El derecho a reunión, consagrado en un artículo de la Constitución, fue limitado temporalmente desde diciembre para intervenir en aglomeraciones que autoridades evalúen amenazadoras a la salud pública, por su potencialidad de transmitir el virus SARS CoV 2, causante de la Covid-19.
Al expirar mañana su vigencia, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de prórroga como parte de un grupo de medidas para contener la pandemia en su peor momento en el país, en zona roja de riesgo, por exponencial ola comunitaria de propagación.
Por otra parte, se expondrán propuestas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas entre los sectores más perjudicados en el impacto económico de la crisis sanitaria.
La asociación gremial Anmype reiteró días atrás sus reclamos de suspensión de adelantos de impuestos y de una mayor inyección de recursos para reactivar el mercado interno, en reunión de su directiva en el Ministerio de Finanzas.
Estas empresas aportan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto de Uruguay y el 77 por ciento de sus exportaciones, y las que tienen entre uno y nueve empleados representan el 95 por ciento de las unidades productivas del país y reúnen de 60 a 65 por ciento de la mano de obra privada.
Otros beneficios temporales incluirían en amplia gama a transportistas, realizadores de eventos, agencias de viajes, servicios prestados en aeropuertos, hoteles restaurantes y salas de cines, entre otras áreas perjudicadas.
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