Los magistrados comenzaron su paro a mediados de febrero tras los decretos emitidos por el presidente Jovenel Moïse para retirar a tres jueces supremos y sustituirlos, sin que medien los protocolos pertinentes, aseguraron.
El 8 de febrero el gobernante, cuyo mandato constitucional es cuestionado por franjas opositoras y de la sociedad civil, jubiló a Yvickel Dabrésil, Wendelle Coq Thélot y Joseph Mécène, a quienes las leyes consideran inamovibles al pertenecer al Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, advirtieron los letrados.
Dabrésil incluso fue arrestado y acusado de conspirar contra la seguridad interna del Estado, mientras Mécène fue nombrado por opositores y organizaciones sociales como presidente del gobierno de transición.
Para Moïse, con estas acciones los jueces incumplen su juramento de estar al margen de la política, lo que justifica su despido.
La huelga que se extiende por más de un mes paraliza el sistema judicial, ya afectado por las crisis sociopolítica y sanitaria, además de la inseguridad y los repetidos paros en el sector.
El ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, criticó el paro y señaló que los magistrados no tienen derecho a convocarlo.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental a disposición de los litigantes y la situación actual constituye una violación de los derechos, aseguró el funcionario.
Sin embargo, Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, señaló que el movimiento reclama la independencia de la justicia y la defensa de los principios.
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