Así lo refleja la encuesta Agua y Constitución, de la ONG ambientalista Greenpeace, publicada con motivo de celebrarse este lunes el Día Mundial del Agua.
El sondeo revela que la mayoría de los chilenos están dispuestos a priorizar en su voto a aquellos candidatos a integrar la convención que redactará la carta magna que expresen su compromiso por plasmar el derecho al agua en el texto.
Al abordar la intención de voto, reveló que el 95 por ciento de las personas señalaron que lo harían con mayor probabilidad por aquel candidato que respalde esa postura.
Asimismo, el 89 por ciento considera que debe ser prioridad de la nueva Constitución proteger a los miles de personas que hoy no tienen acceso al agua en Chile, situación calificada de desigualdad social inaceptable.
El estudio de opinión, realizado en enero pasado, aborda las preocupaciones ante la crisis hídrica sufrida por el país, sobre cuyas causas 63 por ciento opinó que, sobre todo, es un problema de deficiente gestión por el aprovechamiento de grandes empresas de ese recurso y una débil legislación para protegerlo y garantizarlo.
Al respecto, casi la cuarta parte de los entrevistados señaló que la principal razón es la poca prioridad conferida por el gobierno actual al tema medioambiental y solo 17 por ciento achacó la crisis hídrica al cambio climático.
Estefanía González, coordinadora de Campaña de Greenpeace Chile, consideró que la población tiene claro que hay graves problemas en cómo se reparte el líquido disponible, que cada vez será más escaso.
‘Mientras la ciencia dice que la disponibilidad hídrica disminuirá, en Chile el 98 por ciento del agua es utilizada por grandes empresas para actividades productivas y solo el dos por ciento es destinado a las personas’, puntualizó.
La representante de la ONG consideró ‘inaceptable que en un escenario de cambio climático, el agua no esté garantizada como derecho’.
Señaló que en Chile el Día Mundial de Agua es de alerta y urgencia, pues ‘tenemos un modelo de gestión anclado en la actual Constitución, que no la garantiza como derecho humano para las personas, ni tampoco protege sus funciones dentro de los ecosistemas’.
Greenpeace propugna que el agua sea un bien nacional público, administrado por el Estado para que haya un uso equitativo de ésta, sin perjudicar las cuencas, pero bajo el modelo actual grandes empresas agrícolas y mineras disponen por su cuenta de ese recurso y ponen en riesgo el acceso humano al líquido.
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