La propuesta del abogado del exfuncionario, integrante del gabinete de Jeanine Áñez, tenía el objetivo de anular la orden de aprehensión en su contra por el caso golpe de Estado, en el cual aparece acusado por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición, describe el periódico El Deber.
En audiencia realizada en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, el juez Ángel Mendoza argumentó que la defensa del extitular no acudió, como manda el procedimiento, primero ante un juez cautelar que trata la causa, agrega la agencia ABI.
Nuñez se declaró en la clandestinidad luego de que se procediera hace nueve días, como resultado de una investigación en desarrollo desde fines de 2020, a la detención de Áñez y los exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía).
Esta nación andino-amazónica vive un proceso de reconstrucción y defensa de las instituciones democráticas e intenta esclarecer los responsables de los más de 36 muertos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz) durante los conflictos sociales de noviembre de 2019.
El hecho genera reacciones contrarias a la búsqueda de justicia de parte de las fuerzas opositoras al actual ejecutivo y expertos advierten que las acciones puestas en práctica buscan sumergir a Bolivia en la desestabilización.
Un informe publicado en el sitio web Misión Verdad deja ver una operación de golpe blando y apunta a la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la nueva puesta en escena.
Por otra parte, añade, la administración estadounidense del presidente Joe Biden no se podía quedar atrás en la emisión de conjeturas ante la postura de la Fiscalía con respecto a Áñez y los miembros de su equipo.
La opción de desequilibrar otros frentes, como ya se ha ensayado en momentos anteriores, vuelve a asomarse: la movilización ‘cívica’, alerta finalmente el texto de Misión Verdad.
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