Un gran jurado federal emitió en el distrito de Puerto Rico una acusación de 33 cargos contra las siete personas por fraude electrónico y lavado de dinero, afirmó el fiscal jefe de Estados Unidos en San Juan, W Stephen Muldrow.
Indicó que se confió en los imputados en esta conspiración para invertir dinero público en beneficio del municipio de Mayagüez y la zona oeste, pero en cambio utilizaron parte de éste para beneficio y gastos personales.
El jefe del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviere Vázquez, aclaró que las víctimas del fraude ideado por Arnaldo J. Irizarry fueron el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y el propio municipio.
Irizarry, quien fuera juez, se desempeñaba como asesor del alcalde Rodríguez.
‘La intención de este grupo fue defraudar, ya que en Mayagüez no había ningún tipo de corrupción hasta este momento; simplemente el alcalde y el municipio fueron víctimas de esto’, comentó Riviere Vázquez a periodistas en el Capitolio, mientras asistía a la audiencia de confirmación en el Senado del director de Seguridad Pública de Puerto Rico, Alexis Torres Ríos.
La acusación federal establece que de marzo de 2016 a junio de 2018, los imputados Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland y Roberto Mejill Tellado, además de Irizarry, orquestaron un esquema para defraudar al municipio y a Mayagüez Economic Development (MEDI) de dinero perteneciente al ayuntamiento.
MEDI es una corporación pública con fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo económico de Mayagüez y la región occidental de Puerto Rico, generar empleos, apoyar proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Los acusados gastaron el dinero de manera inconsistente para incluir compras de una embarcación marina, joyas, ropa, matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjeta de crédito, pagos y decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias y el pago de hipotecas de viviendas.
De los nueve millones de dólares obtenidos del ayuntamiento, los acusados solo devolvieron 1,8 millones a Mayagüez, representando falsamente que era un retorno de la inversión.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares por cargos relacionados con fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.
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