El portavoz de la mayoría en el Senado anticipó que reclamará a la junta de Gobierno del PPD, máximo organismo rector, no continuar postergando esta discusión y que se inserte en la lucha para lograr un proceso de descolonización ‘equitativo para todos los puertorriqueños’.
‘Después de casi tres décadas sin atender seriamente el asunto del estatus, por primera vez surgen alternativas desde el Congreso para un proceso de libre determinación presentado por congresistas puertorriqueños y latinos’, dijo.
Afirmó el senador que ‘nuestra colectividad no puede evadir esta oportunidad ni por razones de la pandemia ni por entender que no se constituye en un momento histórico’.
El PPD, que se considera artífice del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952 como un estatuto que le dio autonomía a Puerto Rico, se ha negado a afrontar la realidad colonial de esta isla del Caribe, luego que en 2016 Washington decidiera imponer una junta de control ante la bancarrota fiscal de su gobierno.
Junto a este proceder, el gobierno estadounidense reconoció públicamente que el ELA sirvió de instrumento para, desde la Organización de las Naciones Unidas, engañar a la comunidad internacional sobre la falsa descolonización de Puerto Rico.
Ahora, con el proyecto impulsado en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ambas demócratas y de origen puertorriqueño, se ha presentado un escenario distinto para Puerto Rico.
Esta propuesta, que recibió el aval de más de 70 congresistas y ocho al momento de presentarse el pasado 18 de marzo, es rechazada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y un sector del PPD, mientras es acogido por otro sector y por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
‘Nos toca insertarnos en esta discusión y en la lucha para lograr un proceso de descolonización que sea equitativo para todos los puertorriqueños’, insistió Aponte Dalmau, quien por primera vez forma parte de la junta de Gobierno del PPD, máximo organismo partidista.
El senador condicionó lo que considera podría ser el vehículo correcto para atender el asunto del estatus político de la isla que se reconozca nuestra Constitución de Puerto Rico, según definida por el Congreso federal, y que se establezca un proceso justo de definiciones aprobadas por el Departamento de Justicia federal, conforme a la ley propuesta en su momento por el presidente Barack Obama.
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