Al jurado federal apenas le tomó cuatro horas para la evaluación final de los 13 cargos contra Charbonier, con una larga trayectoria política en el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), del que incluso fuera secretaria general.
Al igual que a su esposo Montes, abogado en la práctica privada, la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico le imputó conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas a un programa que obtiene fondos federales, fraude electrónico y lavado de dinero.
La exdiputada anexionista incrementó varias veces, hasta alcanzar los ocho mil dólares —más que un legislador—, el salario de su secretaria-recepcionista en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Frances Acevedo, para que le entregara mil 500 dólares bisemanal.
Al enterarse de la investigación sobre actividades ilegales en su oficina y de una orden judicial que se había obtenido para uno de sus teléfonos, Charbonier procedió a borrar ciertos datos, en particular casi todo el registro de llamadas, la totalidad de los mensajes de WhatsApp y los iMessages asociados al móvil.
Charbonier y su esposo serán sentenciados el 10 de abril y enfrentan pena máxima de cinco años de prisión por conspiración; 10 años de prisión por cada cargo de robo de fondos federales, soborno y comisiones ilícitas.
Asimismo, otra pena máxima de 20 años por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y una condena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero.
La diputada también enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel por el cargo de obstrucción de la justicia.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la condena después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Acevedo se declaró culpable el 7 de noviembre de 2023 de soborno con fondos federales y su sentencia está programada para el 5 de febrero de 2024.
Un hijo del matrimonio, Orlando Gabriel Montes Charbonier, no fue enjuiciado por los mismos hechos porque se acogió a un programa de desvío, en el cual acepta un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán las autoridades estadounidenses.
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