Alrededor de un millón de empleados y funcionarios de la banca realizaron un paro nacional el 15 y 16 de marzo contra la venta de activos anunciada por el Gobierno a inicios de febrero durante la presentación del presupuesto del año, reflejó el portal Peoples Democracy.
La huelga fue convocada por el Foro Unido de Sindicatos Bancarios, un organismo que agrupa a nueve gremios del ramo.
Fueron afectados los servicios habituales de depósitos y retiradas en las sucursales bancarias, compensación de cheques, aprobación de préstamos y apertura de cuentas de ahorro, indicó la agencia Zee News.
Según los gremios, más de dos millones de cheques no pudieron ser procesados en las tres redes nacionales: Chennai, Mumbai y Delhi.
Asimismo, a instancias de la Central de Sindicatos y la coalición campesina Samyukta Kisan Morcha se realizaron protestas conjuntas ante cientos de estaciones de ferrocarril contra la campaña privatizadora y las nuevas leyes agrarias.
El 17 de marzo se fueron igualmente al paro los empleados de Seguros Generales y al día siguiente los secundaron los de la Corporación de Seguros de Vida, agregó la fuente.
Los trabajadores consideran que esa venta de activos conducirá a la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
Un comunicado de la Asociación de Empleados Bancarios dijo que se trata de una medida negativa para los países en desarrollo, como es el caso de la India.
La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció en su discurso presupuestario que dos bancos públicos serían privatizados durante este año como parte del programa de desinversión del gobierno.
También se venderá una de las cuatro compañías de seguros generales; y además habrá una oferta inicial de acciones para desinvertir una parte de la participación gubernamental en la Corporación de Seguros de Vida de la India.
Por otro lado, se dijo que la Inversión Extranjera Directa en el ámbito de los seguros se elevará al 74 por ciento, y la legislación al respecto fue aprobada por el Gabinete e introducida en el Parlamento.
En India 14 grandes bancos privados fueron nacionalizados en 1969, en un hecho que entonces allanó el camino para el crecimiento de la red bancaria y su extensión a las zonas rurales.
Aunque ese proceso no significó realmente una democratización del acceso al crédito, sí amplió el ritmo del desarrollo al poner los préstamos a disposición del sector agrícola y las pequeñas y medianas empresas, recordó Peoples Democracy.
Sin embargo, desde 1991 los sucesivos gobiernos del país fueron presionados por el capital financiero internacional para abrir la rama bancaria.
Así se inició la desinversión de acciones en los bancos públicos y luego se permitió la apertura de entes privados y la operación de unidades extranjeras. Cada uno de los pasos en esa dirección encontraron una fuerte resistencia de los sindicatos, el movimiento obrero y los partidos de izquierda.
Esa fuerza impidió la abertura total del sector financiero a los flujos de capital externo, lo cual sirvió de baluarte para proteger el sistema bursátil indio en el momento de la crisis mundial de 2008.
La privatización del sector bancario y de los seguros debe ser vista como parte del plan de vender las empresas públicas de la economía, acotó la fuente.
Se trata de una vergonzosa rendición a los dictados del capital financiero internacional y de Estados Unidos, que insta a los gobernantes indios a ceder la propiedad de los bancos, abrir el ramo financiero y desmantelar el sector público, acuñó el portal.
De esta forma, los ahorros del pueblo y los recursos públicos, que hasta ahora estuvieron bajo control social y del Estado, van a ser entregados a la oligarquía financiero-corporativa.
Los sindicatos ahora enfrentan un mayor desafío con un gobierno que tiene el peso político en el Legislativo para hacer aprobar nuevas medidas.
Se considera que la cesión de activos y recursos nacionales pondrá en peligro la soberanía nacional, comprometerá la independencia y expondrá al pueblo indio a una mayor explotación económica, culminó Peoples Democracy.
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