Los acusados fueron apresados el pasado 7 de febrero en una casa en las afueras de la capital, y el Gobierno levantó cargos por presunta conspiración para cometer magnicidio e instaurar una administración transitoria.
Entre los detenidos se encontraba el juez de Casación, Ivickel Dabrésil, quien fue liberado pocos días después, así como la inspectora policial, Marie Louise Gauthier y su hermana, la política Marie Antoinette Gauthier.
Según la sentencia emitida por los jueces Yves Altidor, Gabriel Domingue y Ernst Constant, el arresto de estas personas está teñido de ilegalidad, y el veredicto señaló también la falta de pruebas concluyentes, aunque no desestimó los cargos.
‘Es una sentencia histórica’, reaccionó el miércoles pasado el abogado y portavoz del Sector Democrático y Popular, André Michel, quien con anterioridad acusó al Gobierno de mantener presos políticos.
El mediático caso ocurre en un contexto de agudización de la crisis sociopolítica con varios sectores que aseguraban el fin del mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse, y exigen la instauración de un gobierno provisional.
De acuerdo con el Gobierno, los detenidos contactaron con altos cargos de la policía del Palacio Nacional, cuyo trabajo era detener al presidente, y facilitar la instalación de la nueva administración.
Por su parte, las asociaciones de magistrados calificaron de ilegal el arresto y denunciaron el ‘acoso y la intimidación’ contra los miembros del Poder Judicial por razones políticas.
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