Desde finales de 2017, el gobierno viene dando ‘pasos valientes’ en el enfrentamiento a los delitos y al fenómeno de la impunidad, juzgó el dignatario, al intervenir aquí en la ceremonia inaugural del Año Judicial 2021.
Entre los aciertos, mencionó los procesos judiciales en curso y las sanciones impuestas a exservidores públicos en todos los niveles, desde los municipios hasta el ejecutivo central, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y varias empresas públicas de gran dimensión.
Al decir del político, las actuaciones poseen ‘la imparcialidad necesaria para el éxito de esta causa’, lo cual exige un trabajo incansable por parte de los órganos de justicia, en condiciones difíciles por la exigüidad del personal, alguna falta de experiencia profesional y herramientas para labores idóneas.
Los ejemplos concretos de exfuncionarios procesados y algunos condenados ya, constituyen ‘una demostración real del compromiso’, opinó.
Sin embargo, alegó, fuerzas internas y externas, vinculadas a los que más dilapidaron el erario público, organizan campañas para denigrar y desacreditar a la Justicia angoleña y al Estado en general.
Los órganos de Justicia también deben actuar con celeridad y rigor frente al vandalismo, la destrucción y el robo de bienes públicos puestos al servicio de la comunidad, pues este tipo de crimen sigue creciendo en el país, solicitó.
Según apreció, la existencia de un poder judicial independiente, más creíble, eficaz y eficiente resulta fundamental, además, para asegurar la atracción de inversiones privadas.
Un hito importante en la historia nacional fue la aprobación y entrada en vigor en meses recientes de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal; ambas legislaciones, acotó, son instrumentos modernos y fundamentales para dar respuesta a los desafíos, especialmente en lo que respecta a la prevención y represión del delito económico-financiero y en la gestión pública.
Durante el año judicial que acaba de finalizar, Angola promulgó su ley de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, otro recurso legal de importancia para combatir la corrupción y la impunidad, distinguió.
El estado, remarcó Lourenço, mantendrá similares prioridades en 2021, las cuales incluyen el combate al tráfico de drogas y personas, la inmigración ilegal, la financiación de actividades terroristas y el lavado de activos.
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