Unas mil 311 familias huyeron de sus tierras en lo transcurrido de 2021 por miedo a confrontaciones, amenazas, reclutamientos, entre otras, y cada media hora se presenta un caso de desplazamiento forzado en el país, advirtió recientemente la Jurisdicción Especial de Paz.
Este ha sido el año con más actos de violencia registrados desde la firma del Acuerdo de La Habana en 2016 entre el Gobierno y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), precisó el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.
Cerca de 32 mil personas se vieron presionadas a abandonar sus regiones en 2020 con los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Córdova y Cauca como los más afectados por el flagelo, reveló la entidad.
¿Por qué insiste en desconocer la realidad nacional y de los más vulnerables?, preguntó en relación con el tema al presidente Iván Duque mediante la red social Twitter Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes y excombatiente de las FARC.
Son colombianos y colombianas amparadas por la Constitución, tienen derechos a un Estado que se reconoce pluriétnico y con el deber de protegerlos, pero están solos y solas, denunció por su lado la exlegisladora Piedad Córdoba.
La actual administración continúa ausente en los territorios, varios grupos irregulares imponen allí sus decisiones, no solo buscan controlar las rutas del narcotráfico, sino tener el mando a través de órdenes a los campesinos, indígenas o afrodescendientes, lamentó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
PRIMER LUGAR GLOBAL
Este problema interno tiene tal magnitud que, según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia ocupa el primer lugar global en número de habitantes expulsados de sus lugares de residencia.
Desde 1985 hasta 2020, más de ocho millones de ciudadanos (alrededor del 16 por ciento de la población del país) tuvo que dejar su hogar por cuenta de las agresiones, ilustró la Unidad para las Víctimas.
La entidad encargada de la reparación a los perjudicados por los eventos de desplazamientos forzados señaló como principales responsables a grupos armados paramilitares o dedicados al tráfico de drogas como el Clan del Golfo y La Local.
El director de Codhes destacó la importancia de observar la situación de forma sistémica y no aislada, pues deben considerarse el aumento de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, con alta influencia en quienes abandonan su casa.
No se puede caer en una visión simplista de la crisis humanitaria, o asumir que su única causa resulta el narcotráfico, afirmó Romero en declaraciones a la emisora FM Radio.
Las comunidades indígenas, afro y campesinas pobres reciben mayor impacto por estar ubicadas en zonas más desprotegidas, donde el Estado nunca llegó, en las cuales no hay políticas de protección ni capacidad reguladora institucional, aseveró la autoridad.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reiteró la necesidad de implementar medidas de mitigación del riesgo de las personas que pueden sufrir expulsiones; mientras solicitó atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas.
Observadores de las Naciones Unidas, por su parte, instaron al Ejecutivo colombiano a combatir la impunidad y asumir su responsabilidad en la prevención del fenómeno, mediante la impostergable implementación de una estrategia de seguridad, compatible con la Constitución, los principios y recomendaciones mundiales.
En opinión del sacerdote Albeiro Parra, quien lleva más de tres décadas acompañando a las comunidades étnicas del Pacífico y sus organizaciones, el gabinete de Duque, su partido político y figuras de apoyo, no quieren la paz, les interesa profundizar la guerra.
La autoridad religiosa, no obstante, junto a políticos e instituciones colombianas aseguraron que no desmayarán en las acciones para acabar con un conflicto de seis décadas ya y, en consecuencia, frenar el conmovedor drama de regiones secuestradas por el miedo.
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