En ese periodo se identificaron 944 homicidios de personas vinculadas a esos sectores (igual defensores de derechos humanos), precisan en el texto la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Comisión Colombiana de Juristas.
Existen tres patrones relacionados con los crímenes: sistematicidad, estigmatización e impunidad, expusieron lasoOrganizaciones no gubernamentales (ONG), al tiempo que resumieron las 66 sentencias dictadas contra los responsables –solo el siete por ciento del total de los casos registrados–, por lo cual criticaron la labor de la Fiscalía.
El total de muertes se localizaron en 29 de los 32 departamentos del país, pero la situación más compleja se registra en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle y Norte de Santander, con 568 homicidios de líderes sociales y exguerrileros, es decir, los cinco concentran el 60 por ciento de los casos, advirtieron.
Estos asesinatos afectan a grupos con características similares, se concentran en determinados sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, o en la población excombatiente, y se focalizan en determinadas zonas, apunta el documento.
La investigación asegura que en el 80 por ciento de las comunidades impactadas hubo presencia de cultivos de coca después de 2016, y casi todas tienen tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes.
Otras organizaciones, como las Naciones Unidas, alertaron en ocasiones anteriores sobre la falta de una repuesta por parte del Gobierno de Iván Duque a este flagelo y exigieron una mayor atención institucional a los excombatientes y a las condiciones de seguridad en general.
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