El organismo internacional reveló que de junio de 2020 a marzo de este año el indicador pasó de 76 por ciento al 85 por ciento, lo cual amenaza los cimientos del mismo estado de derecho, aseguró la ONU.
La Binuh pidió a las autoridades competentes resolver la situación ‘que constituye un trato inhumano y degradante para la persona’, y alentó al Gobierno a reducir el hacinamiento en las cárceles.
Según un informe de esta misma institución divulgado a finales de enero, los centros penitenciarios del país operan al triple de su capacidad, en medio de las recurrentes huelgas de los empleados del sistema judicial, la inseguridad, crisis política y sanitaria que dispararon los casos de detención preventiva prolongada.
Esta problemática puede alcanzar niveles récords con el reciente paro laboral impulsado por los jueces que mantiene paralizados los juzgados del territorio nacional.
Los magistrados promueven desde mediados de febrero una huelga indefinida para presionar al Gobierno a respetar la independencia del Poder Judicial y obligar al presidente a retirar los decretos por los cuales jubiló a tres jueces supremos con cargos inamovibles, de acuerdo con las leyes vigentes.
La Oficina del Protección del Ciudadano, mediadora en esta nueva crisis de la justicia, solicitó hoy la creación de una célula de emergencia para tratar los casos que requieran decisión judicial inmediata, y volvió a abogar por los prisioneros que llevan años en las cárceles sin someterse a juicio, algunos por más de una década.
oda/ane
