Esta legislación, aprobada a principios de año por el Congreso tras ocho años de tramitación parlamentaria, fue incluso cuestionada por parte de la oposición que apeló varios de sus puntos en el Tribunal Constitucional, y criticada por organizaciones de migrantes.
Desde la norteña Iquique, escenario de varias crisis humanitarias en los últimos meses por la creciente llegada de indocumentados, el mandatario dijo que con esta normativa se pretende ‘poner orden en nuestra casa, a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal’.
Añadió que ‘no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas, o aquellos que no respetan nuestras leyes’.
Señaló que quienes ingresan al país o intenten hacerlo clandestinamente, por pasos no autorizados, ‘no sólo cometen un delito, sino que también se arriesgan a ser sujetos a una expulsión’.
Según la letra del texto, ‘todos los migrantes, al igual que los chilenos, deben asumir los deberes que le corresponden’ por haber escogido a Chile para vivir, y quienes vengan deben solicitar el correspondiente visado en sus países y obtener cédula de identidad desde el primer día.
La Ley prevé la creación del Servicio Nacional de Migraciones, con sus Direcciones Regionales, y facilita al Estado las expulsiones administrativas, al no ser necesario realizar denuncias penales por el ingreso, con lo cual se pretende desestimular el uso de pasos no habilitados para el acceso de forma clandestina.
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