Solicitado por el diputado del Partido Integración Nacional Wálter Muñoz y divulgado aquí por el informativo digital CRHOY.com, el documento de los letrados del Legislativo consideran que al menos 10 de sus artículos -y por su redacción- incumplen el propósito del plan para crear un único régimen de empleo público.
Para esos abogados la división de poderes sería vulnerada al someter al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones a que el Ministerio de Planificación y la Dirección General de Servicio Civil aplique manuales, circulares y resoluciones como actos administrativos de carácter específico.
Además, serían afectados los procesos de reclutamiento y selección de personal de estos poderes, tanto concursos internos como externos, porque cumplirán con estándares dictados por la Dirección General de Servicio Civil.
‘El proyecto de ley no logra el objetivo esencial de la propuesta normativa de crear un único régimen de empleo público, pues no solo contempla en su artículo 3 entes o instituciones que se excluyen de su ámbito de aplicación, sino que establece excepciones que le serán aplicables a las instituciones de educación superior universitaria estatal en ciertas disposiciones normativas’, sostiene el informe.
En el caso de las universidades públicas, cuya autonomía aseguran varios expertos y diputados contrarios a su inclusión en la propuesta legal de Empleo Público, los miembros de ese Departamento legislativo estiman que para no generar un roce constitucional es necesario que el legislador respete los límites establecidos en la Carta Magna.
De ahí que, precisa, a las universidades públicas en materia de empleo solamente aplicarles disposiciones, políticas, lineamientos y directrices de alcance general, para no disminuirle a estas instituciones las potestades que le son necesarias para cumplir con su finalidad y que forman parte de su propia autonomía.
CRHOY adelanta que hasta ahora los diputados ni el Poder Ejecutivo reaccionaron a las conclusiones del informe, mientras hoy los legisladores deberán retomar la discusión de unas 30 mociones de reiteración presentadas al proyecto de ley de Empleo Público.
Ese texto es rechazado de plano por sindicatos y organizaciones políticas, sociales y populares, al aseverar que aumentará la desigualdad, afectará a la clase trabajadora y prácticamente acabará con el Estado Social de Derecho en Costa Rica.
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