En carta dirigida al presidente Carlos Alvarado y enviada a la prensa, Salas afirma que ‘como activista feminista y LGBTIQ no puedo continuar trabajando de la mano con una administración que en lugar de proteger los derechos humanos los está vulnerando’.
La objeción de conciencia permite al funcionariado público rechazar cualquier capacitación que considere choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas, señala y sostiene que eso provocará un retroceso en la lucha por eliminar la discriminación por preferencia sexual y otras razones en las instituciones públicas.
‘Señor presidente, esto es borrar con el codo todo el trabajo que hemos venido realizando desde hace años con el sector público, y también es socavar el necesario trabajo futuro en materia de cambio cultural institucional’, precisa Salas en su misiva.
Le pregunta al mandatario tico ¿Qué impacto puede tener la aprobación de nuevas reglamentaciones y protocolos, si esta cláusula permite que quienes deben aplicarlos se nieguen a capacitarse en los mismos?
Tras asegurar que introducir esa cláusula en la legislación descabeza la única protección disponible para que la capacitación en el sector público sea tanto un derecho como un deber, Salas subraya que la objeción de conciencia abre ‘un peligroso portillo’ a ‘grupos fundamentalistas y anti-ciencia’.
Recuerda que en 2018 cuando Costa Rica designó presidente a Alvarado, el país tomó la decisión de que el Estado de Derecho, las leyes y la constitucionalidad debían prevalecer sobre los discursos religiosos.
La renuncia de Salas será efectiva a partir del viernes. Casa Presidencial confirmó en un comunicado de prensa haber recibido la carta de dimisión y añade que ‘la Presidencia de la República le agradece la dedicación y el trabajo de la señora Comisionada en beneficio de la población LGBTIQ y respeta su decisión de carácter irrevocable’.
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